B.Piedad Urdinola. Profesora Asociada

 Departamento de Estadística. Universidad Nacional de Colombia-Bogotá

Hace algo más de cinco siglos el gran Inca gobernaba un imperio tan enorme en Sur América, como nunca antes se había vivido y como en muchos años probablemente no volvamos a vivir. El gran Inca entendía, como lo han hecho los grandes líderes de la historia, la importancia de tener la información completa o las estadísticas de su enorme imperio actualizadas al día. Tan así lo entendía que al final de la jornada sus consejeros le daban un reporte detallado de lo que sucedía hasta el extremo de cada uno de los cuatro puntos cardinales desde el centro del mundo o Cuzco, donde gobernaba. Estos reportes, no eran un memorial de agravios, ni un listado de actividades por hacer; por el contrario eran informes detallados de la cantidad de hombres, mujeres, niños, ganado y cosechas, entre otras cosas que hacían parte del imperio. Este conocimiento lo tenían a partir del sistema de conteo que desarrollaron, llamado Quipu y que a día de hoy todavía los historiadores y arqueólogos no han terminado de descifrar exactamente. Sólo sabemos que antes de la era de la tecnología, mucho antes de nuestros computadores y aún antes de la electricidad que nos permite las comodidades de la vida moderna y las telecomunicaciones, esta cultura llevaba a cabo censos de población, viviendas y agropecuarios con precisión, y que estos datos eran la fuente de la toma diaria de decisiones de sus gobernantes.

Qué tristeza que cinco siglos después, con las ventajas que nos ofrece la tecnología y con todo el conocimiento demográfico, estadístico y matemático que hemos alcanzado en pleno siglo XXI, los gobernantes colombianos, lejos de la grandeza del imperio Inca, han decidido postergar el Censo Nacional de Población y Vivienda, que ya lleva once años sin realizarse en el país y considerarlo como una de las tareas que se deben aplazar ante el recorte del presupuesto nacional, incumpliendo una vez más la periodicidad definida que deben satisfacer los censos. Las implicaciones de aplazar un censo de población son enormes, comienzan por no cumplir uno de los requisitos requeridos para hacer parte de la OECD-Organisation for Economic Co-operation and Development, y con justa causa. No es coincidencia que los países con más y mejores cifras estadísticas, en todas las áreas, sean precisamente los más desarrollados. En cambio, un país donde poco sabemos del total de niños y niñas, hombres en edad productiva o adultas mayores en las regiones de frontera, en las comunidades indígenas o sin ir tan lejos en las zonas rurales del país es una nación que desconoce su principal fuente de riqueza, la humana.

Otra de las grandes implicaciones de no hacer el censo es la pobre medición de pobreza, valga la redundancia, en una medida universal para el país y que sirva de contraste con otras naciones. Es sólo con un censo de población que se obtiene una medida de este estilo, usualmente el NBI-Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, que sea comparable a través del tiempo y con otros países. Adicionalmente, este NBI debe medirse por ley a los niveles sub-nacionales más pequeños, como son los distritos y municipios, pues de ello dependen las partidas gubernamentales para la asignación de recursos para bienes de vital importancia como agua potable y saneamiento público, tal como reza la Ley 1176 de 2007 y que obviamente informa a gobernadores y alcaldes sobre las carencias de su población.

Otro problema más de no contar con datos censales actualizados es seguir sin poder definir a ciencia cierta los rubros de las transferencias gubernamentales que se dan a los municipios en las partidas de salud y educación, entre otras cosas, hay que seguir basándonos en estimaciones de población. En ambos casos la población objetivo es definitiva para especificar estos rubros, o como dice literalmente la Ley 715 de 2001 es necesario conocer la población atendida.

Podría seguir llenando de ejemplos este post, como la importancia de los censos como marcos muestrales y base de medición de índices multidimensionales de pobreza, fuentes únicas de cifras demográficas o para áreas pequeñas, el orgullo de conocer realmente quiénes somos y cómo vivimos los colombianos, en fin creo que la idea es clara. No tener un censo de población y vivienda actualizado tiene implicaciones serias en la vida nacional de cualquier país, más allá de demostrar su capacidad técnica en la medición demográfica o ser sinónimo de desarrollo económico. Más aún cuando el último censo colombiano, 2005/6, se llevó a cabo bajo una dinámica contraria a la planeación juiciosa y detallada, que ha dejado en la memoria de expertos y del público general la idea de ser un censo muy incompleto o por lo menos bastante impreciso en muchos temas importantes. Sólo resta cuestionar a nuestro Estado por qué esa extraña consistencia en dejar de lado la medición correcta y precisa de la población con sus bondades y carencias? Por qué no puede ser una política de Estado desarrollar esta medición? Para un país con el nivel de desarrollo y económico de Colombia la respuesta no puede seguir siendo la falta de recursos, repito el gran Inca tenía información diaria a lo largo y ancho de su imperio con un económico sistema llamado Quipu.