Fuera de la ley: el acceso a la información pública en Argentina

En septiembre de este año, nos enteramos que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de Argentina fue incluido en el listado gubernamental de organismos públicos que incumplen la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública en Argentina (link).

Entrevistamos a Gonzalo Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Urbanos Regionales (CEUR) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que impulsó el pedido por el cual el organismo rector de la estadística oficial argentina quedó señalado entre los que no se ajustan a derecho en términos de información pública.

  • Hola Gonzalo. Entiendo, por lo que se lee en la resolución que publicó la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que esto fue resultado de un pedido que hiciste al INDEC sobre censos históricos, cuyas bases de microdatos existen, pero el INDEC no quiere publicar. Contanos primero qué es un censo histórico y para que te sirven.

Hola y gracias por darme este espacio. Buena parte de mis investigaciones las desarrollo a partir de datos y cartografías censales, pero no sólo utilizo información del último censo (por ahora el de 2010, hasta que el INDEC publique algo del censo 2022) sino que también trabajo con censos que podríamos llamar históricos: los nueve censos nacionales de población que se hicieron en el país desde 1869 a 2001. Todos los censos son igual de importantes para mi trabajo. Son parte de lo que llamo patrimonio estadístico argentino.

  • ¿Qué fue lo que pasó entonces este año?

En marzo de 2022 inicié un pedido de Acceso a Información Pública, dirigido a INDEC y conforme a la Ley 27.275, solicitando dos cosas: una copia anonimizada de las muestras de los censos de 1960, 1970 y 1980, y una copia -también anonimizada- de la base de microdatos completa del censo de 1980. Sin entrar en detalles, de los censos de 1960, 1970 y 1980 existen muestras que el INDEC entregó al programa IPUMS de la Universidad de Minnesota (EEUU), mientras que la base de datos completa de 1980 existe, alojada en servidores del INDEC.

  • ¿Y cuál fue la respuesta del INDEC?

Se sucedieron una serie de instancias que demoraron seis meses y terminaron en incumplimiento del INDEC. Hubo una primera denegatoria del INDEC a los dos puntos de mi solicitud. Ahí yo presenté un reclamo en primera instancia ante la AAIP, que es un paso donde uno solicita ampliación de los motivos por los que no se permitió el acceso, objetando las razones que ellos habían dado. A este pedido sobrevino una segunda denegatoria del INDEC, con la firma de su actual director Marco Lavagna.

  • La Agencia de Acceso a la Información Pública en ese momento, ¿cómo interviene?

En primera instancia, ellos piden al organismo que negó la información que amplíe sus motivos. Si el organismo los amplía, se considera que el paso estuvo cumplido, se informa a las partes, y se archiva el reclamo. Pero si uno sigue considerando que la respuesta no se ajusta a derecho, está la opción de insistir en el reclamo ante la AAIP, donde ellos toman cartas en el asunto, le piden un descargo al INDEC, y hacen un dictamen como organismo rector en materia de información pública. En términos de resolución administrativa, ellos ahí tienen la última palabra y lo usual es que los organismos acompañan lo que dictamina la AAIP, incluso si pudieron haberse negado en primera instancia.

  • ¿Y qué surgió de ese segundo reclamo?

La AAIP consideró insuficientes los argumentos del INDEC, intimándolo a que en el plazo de diez días hábiles justifique debidamente la denegatoria, o entregue toda la información. Hubo entonces una última respuesta ampliatoria del INDEC, que no dejó satisfecha a la AAIP respecto a las muestras del IPUMS, pero sí respecto a la base completa de 1980 (después te comento por qué). Esa es la respuesta que me envían, y ahí es cuando en cierto modo la cuestión toma estado público. Porque INDEC decide que después de dar sus argumentos a la AAIP, y de recibir como respuesta que no eran válidos, la postura de ellos fue no dar la información de todas maneras.

  • ¿Se declararon en rebeldía?

Sí, algo así. Y por esa razón los vemos hoy en la página de Argentina.gob.ar, como organismo que no cumple con la Ley de 27.275. Esto fue mediante la Resolución Agencia de Acceso a la Información Pública Nº 93 E/2022,

  • ¿Y ya pasaron 10 días?

Sí, pasaron 3 meses.

  • Pero los fallos de la Agencia de Acceso a la Información Pública, ¿no son vinculantes? ¿Podría la propia Agencia judicializar el fallo, aparte de incluir al INDEC en su listado de organismos que no cumplen con la ley?

Bueno, yo creería que sí. Si no, ¿para qué existe una agencia así, si en el fondo no puede hacer valer sus resoluciones? Me comuniqué con ellos por este tema y me recomendaron que recurra a un abogado penal especialista en contencioso administrativo, porque al menos por el momento ellos no podían avanzarlo más que hasta donde llegó.

  • ¿Podrías resumir los principales argumentos del INDEC para negarte la información de las muestras y por qué los considerás insuficientes?

Respecto a las muestras anonimizadas de 1960, 1970 y 1980, lo que dice el INDEC es que no las tienen. Que se las dieron al IPUMS y que, por extraño que parezca tratándose de archivos digitales, no conservaron ejemplares de lo que entregaron.

  • ¿Y de la de 1960?

De esa base, que no está disponible en IPUMS, si limitaron a no decir nada.

  • Pero entonces las muestras de 1960, 1970 y 1980 que entregó el INDEC al IPUMS no fueron copias, sino los archivos originales

Eso es lo que estarían diciendo. Claro que cuando hablamos de archivos digitales, la distinción entre copias y originales pierde sentido. Da igual que las llamemos copias de copias, copias de originales, o los originales mismos, lo cierto es que el INDEC entregó todo sin conservar nada. El INDEC delegó así en una universidad extranjera el resguardo y publicación de su patrimonio estadístico sin guardar ni ofrecer copias, lo que resulta evidentemente lamentable en términos de soberanía estadística. Y a eso se suma que la forma de publicar información pública través del IPUMS, es violatoria de la Ley 27.275, que dicta que la información pública tiene que accederse sin restricciones. No es legal que tengas que registrarte, brindar información personal, indicar para qué la vas a usar, y que el sitio esté en inglés. Y mucho menos, que te amenacen con perder tu trabajo si usás los datos con fines comerciales, algo que no prohíbe nuestra Ley.

  • La pregunta que me surge es ¿por qué no querría INDEC recuperar y tener una copia de esas muestras?

Tengo mis teorías al respecto, pero dejémosolas para otro momento. Por lo pronto, lo importante es que todos los convenios firmados entre IPUMS y el INDEC desde 2002 en adelante dejan claro que el INDEC conserva la propiedad intelectual de las muestras, y que el IPUMS asume el compromiso de devolver al INDEC copias periódicas de las mismas. Y es viendo eso que la AAIP pide al INDEC dar muestra de buena fe y actúe con la debida diligencia para recuperar las bases y hacerlas accesibles en los términos propios de la legislación argentina. Para mí o para cualquier otra persona que las pueda querer usar.

  • Y sobre los microdatos completos de 1980, ¿qué argumentó el INDEC?

Sobre la base completa de 1980, el INDEC fundamentó la denegatoria diciendo principalmente que la base de datos que tienen no se encuentra anonimizada. Por lo tanto, entregarla “en el estado en que se encuentra” implicaría violar el llamado secreto estadístico (Ley 17.622/68 y su disposición reglamentaria 176/99) o bien, involucrarse en hacer tareas que no están obligados a hacer, concretamente, “procesar y clasificar información”. Acá el tema es más complejo y enroscado que el anterior, porque la Ley 27.275 prevé un proceso que llama ‘disociación’, que tiene que ver con que los organismos entreguen sus documentos públicos con tachas, o en forma parcial. El INDEC en su primera respuesta hizo como si todo eso no existiera en la Ley, cuando está previsto plenamente. En la resolución de la AAIP se hace una discusión bien interesante sobre eso, donde la Agencia repone la ley de creación del INDEC, enfatizando en que producir y publicar información censal no solo es incumbencia del INDEC, sino que está entre sus objetivos principales.

Pero hubo más. En su última ampliación, el INDEC corrió de eje la discusión sugiriendo que incluso tachar los datos de nombre y dirección postal tampoco sería suficiente para garantizar la anonimización. Y ahí es cierto que, según la D. 176/99, aquellas zonas geográficas (radios censales) que contengan ya sea uno o dos registros deben agruparse con otras que contengan al menos tres registros. Y que este trabajo de agrupar radios censales con menos de tres registros ya no es una simple tarea de disociar datos, sino que requiere de “procesar y clasificar información”. Como sea que tal tarea no podría demandarles más de 15 o 20 minutos -y por caprichoso que nos parezca- lo cierto es que la Ley 27.275 no le obliga a hacerlo, y en eso se ampararon.

–     Pero a ver, yo puedo entrar ahora mismo al REDATAM web del INDEC de 2010 y encontrar que sí hay radios censales con menos de tres habitantes, incluso con un solo habitante. Parece un poco contradictorio lo que dice el INDEC…

Sí, claro que es contradictorio. Para ser más exactos, en el REDATAM web del INDEC podemos identificar 89 radios con menos de tres habitantes, de los cuales 38 tenían un solo habitante. Y acá no importa si 38 personas son muchas o pocas, o quién y con qué oscuro propósito pudiera querer identificarlas y conocer qué respondieron al censo. Lo cierto es que el INDEC jamás cumplió con la D. 176/99, nunca agrupó nada. Y no sólo para el censo 2010, sino que tampoco lo hizo con los microdatos de 1991 y 2001, cuyas bases REDATAM también produjo el INDEC y circulan hoy libremente en la comunidad de usuarios. En resumen, no tiene ningún sentido ni lógica el argumento del INDEC. Si nunca agruparon radios censales en los censos más recientes ¿Por qué de pronto lo consideran un impedimento para publicar la base de datos de un censo tan antiguo como el de 1980?

  • Y ahora ¿cómo sigue esto?

Me parece que estamos en un momento de cambios muy positivos en términos de acceso a la información pública, que afecta también a la información estadística. Hace 10 o 15 años se tenía que tramitar por pedidos especiales al INDEC, y a veces pagar sumas importantes por información que hoy se entiende que, si el estado la produce, la población tiene el derecho de accederla gratuitamente. Eso es un avanza enorme. La Ley 27.275 llevó a que muchísimos organismos acomodaran sus circuitos administrativos para poder responder pedidos de manera muy ágil, y eso es valiosísimo. Al mismo tiempo, si uno mira la página de ‘organismos que no cumplen con la Ley de Acceso a la Información Pública’, es claro que faltan todavía mecanismos que hagan extensivo el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Porque así como encontrás al INDEC, también están el Ministerio de Educación de la Nación, la ANSES, el RENAPER, y la Secretaría General de Presidencia. Y ahí imagino que, si la AAIP no logra armarse de un brazo legal, o de un aval político que permita presionar para el cumplimiento de sus resoluciones, el derecho se garantiza solo allí donde los funcionarios que reciben sus dictámenes son respetuosos de la ley.

En el caso del reclamo por los datos censales, la única vía que me quedaba era la judicial. Me contacté entonces con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y se ofrecieron a acompañarme en la presentación de un recurso de amparo. El amparo que es una figura legal que se invoca cuando se ve vulnerado un derecho.

  • ¿Podemos decir entonces que la historia continuará?

El caso ya fue presentado ante la justicia federal y estamos aguardando novedades. Así que sí, continuará.

Between technological advances and attacks to basic rights: on the consequences of improvised digitization of population censuses

Insights from the roundtable: “Challenges of the 2020 census round in Latin America”- XXII National Meeting of the Brazilian Association of Population Studies.

Byron Villacis
November 2022

COVID-19 provoked increasing pressure to adopt technological advances in population censuses. In some cases, preliminary evaluations show that the adoptions were not sufficiently justified and had unintended consequences. Particularly in segments of the Global South, Statistical Offices (SOs) adopted innovations as a consequence of (1) a rush to produce population data immediately after the pandemic, (2) transnational pressures to adopt global trends, (3) overestimated effects of monetary savings to accommodate SOs to austerity tensions, and (4) the necessity to adopt standardized models of censuses to produce data for markets instead of data for development. The adoption of technological advances happened amid an institutional transition. In the last two decades, SOs have shifted the census goals from coverage and quality to an array of organizational and relational markers.

The Transition

Practitioners in the field are familiar with the idea that population censuses are not homogenous. Among other reasons, the performance changes according to the strength or weakness of the local SO, the nature of the relation with national powers, the organizational, economic, and political stability, the legitimacy of authorities, and social forces that produce local and transnational styles of statistical reasoning (Porter 2011). The complexity of these factors is amplified when considering temporal and geopolitical dynamics.

Due to this inertia, censuses have been altering their original objectives in the last two decades. A “good census” was traditionally evaluated in terms of coverage and quality. Those parameters were measured through Post Enumeration Surveys (PES) and Demographic Analysis (DE); some of these evaluations were carried out by the same SO or associated entities. A significant difference between SOs in the Global North with the Global South is that in the former, these evaluations were (and still are) the subject of open and dispersed discussions outside official walls. In the latter, the reports are barely shared or discussed, becoming the input of closed meetings between discreet circles of regional expertise.

This orthodoxy witnessed the arrival of two waves of organizational change. Since the early 2000s, censuses have been increasingly evaluated by (1) organizational performance and (2) relational characteristics. The first is the case of evaluations related to efficiency and efficacy. These parameters usually attempt to answer questions such as: How much does the census cost? How expensive is it when compared to similar experiences in the region? How expensive is compared to previous versions? Did the census achieve pre-defined objectives in terms of participation? Legitimacy? Strengthening institutional capacities? The second is the case of questionings related to organizational characteristics visible in a comparative perspective: Did the SO innovate according to global trends? Did it gain prestige? Did the it improve its influence?

This extended framework transformed the census into a different animal. Before the transition, the census was mainly understood as a techno-bureaucratic practice comprehended by a few learned donnish with a mystique combination of skills based on antiquated statistical techniques and meticulous bureaucratic procedures. Usually, the experts learned their skills from decades-long exposition with local and transnational tenured bureaucrats. The census was the outcome of a complex potion only accessible to those with a small but specialized network of expertise. The trifling attempt to understand any piece of the process from secular individuals provoked the interpretation of trying to access a sacred black box. It was only possible to understand the details for those with the time, patience, and bureaucratic capital to comprehend the procedures constructed through years of ill-fated documentation. Of course, there were countries qualified as exceptions, but particularly in the Global South, nothing that can be counted as regularities.

The first transition came with a new logic of organizational criteria for evaluating the census. Trends in public administration –consequence of modernization reforms and theorized by the New Public Management (Savoie 2006)– imposed the need to talk, document, and evaluate the cost of the census. The word “austerity” was increasingly used: the census was now part of a basket of neoliberal objects of governance that required a re-engineering process based on quantitative assessments such as cost-benefit analysis (Spencer et al. 2017). These were the days when international bureaucrats and development experts revitalized the need to see the census as a paradigm of civility, social cohesion, identity, and even nationalism. Under this framework, the census required a new type of evaluation: (1) efficiency to comply with the challenges of austerity and (2) efficacy to integrate a set of goals adjusted to execution models.

Due to this transition, local bureaucrats identified the need to amplify their skills to topics such as public accounting, cost-benefit analysis, and impact evaluations. Some professional diversification was also compulsory: anthropologists, sociologists, public accountants, and lawyers were demanded. A good census required to amplify their skills to the capacity to spread knowledge to communicate the costs within the government, including unitary prices, compliance with standards, and quantification of participatory processes. At some moments, the black box was contested and audited, but the core of the concern was a struggle to satisfy local political powers. It was also the time to be familiarized with loans from International Organizations, always predisposed to fund the census. These financial operations included administrative and technical interventions to ‘verify’ if the money was correctly spent. In practice, those interventions implied methodological and administrative impositions.

The second transition came accompanied by globalizing forces, increasingly competitive expertise, aggressive openings to transnational markets, revolving doors, and the popularization of worldwide rankings. SOs are now required to be influential, innovative, modern, and respectable. These characteristics are only visible in a relational sense, that is, in a comparative framework. The challenge of the bureaucracy achieved the second level of complication: the division of labor included now professionals with expertise in public relationships, politics, corporative communications, social networks, and lobbying. The traditional evaluation of a census in terms of coverage and quality was now considered part of a long list of goals with ambiguous priorities. Without exaggerating, for some people, it is more important to introduce a trendy technological advance than to have a decent percentage of coverage.

A new typology of an expert in the public sector

This transition was also accompanied by a new type of professional statistical expertise. The outcome of the double shift provoked that traditional public statisticians are now explicitly challenged by young data science experts who can process enormous datasets in fractions of seconds. The old bureaucrat of middle and old ages are displaced by young technocrats eternally integrated to laptops and smartphones, always alert to social networks and ready to comply with cosmopolitan lifestyles.

It is necessary to clarify that the professional and institutional transition did not imply a change from a puritan group of effective but slow apparatus to a malefic and aggressively competitive machinery. Instead, the conversion was between dense mixtures of complexity facing distinctive contemporary challenges. Without erasing previous convolutions, the transition added layers of organizational density: one that is inserted in logics of efficacy and efficiency and a second one that implied relational challenges of comparative innovation and influence.

In the middle of this transition was the people: the society that was supposed to co-produce the census. Hypothetically, the census is a tool to produce a moment of cooperation, recognition, and sensibilization of nation-building. Beyond the romanticism of the approach, the census was supposed to be a space of collective self-recognition and self-reproduction. Even the physicality of the experience in the traditional census implied a conversation, an exchange, a conscious or unconscious reflection of shared values within the society. At some point in the last two decades, some experts decided it was better to change. The census was considered better if it the more discreet, silent, unnoticeable. There are likely positive outcomes from less invasive experiences, but we did not have enough time to discuss the costs associated with the transition. I argue that the shift did not bring us a more transparent census; it created a more prominent black box composed of expertise(s) able to be intrusive, dangerous, and silent. The census is no longer about counting people; it’s about being functional to the state. And the state can be an array of agents that go from a clumsy machinery to an authoritarian apparatus. Bureaucrats dedicated to the census must recognize that they are cogs of the mechanism, for good or evil.

The Method as An End

It would be naïve to think that this transition left the composition of census stakeholders unaltered. If nostalgia has something to rescue is that old versions used to allocate more consideration and time to the social legitimation of the operation. The new version seems more interested in conquering the blessing of international organizations, political and commercial brokers, and anybody helping with the transnational mobilization of professionals. A «good” census is no longer one that is useful for public policies; it also has to satisfy checklists from market researchers, IOs, and regional bureaucracies. In the best of scenarios, the group of stakeholders got amplified; in the worst, replaced.

It is in this context that the last technological transitions are introduced. They are inserted not necessarily because of necessities attached to the project; but as a consequence of transnational trends of innovation, impulses from commercial and professional brokers, and outcomes of political struggles. We have argued about the mechanisms elsewhere (Villacis et al. 2021). These introductions answer to new stakeholders’ necessities: census operations interested in extracting information for commercial and political ends in a powerful, silent, and uncontested way.

The method, then, is susceptible to be designed in offices of metropolises, usually in a hierarchical way. The procedures tend to underestimate the importance of having a legitimized operation. What matters is the production of a dataset, the introduction of innovation, and the compliance of corporative demands. The victims of this dynamic are vulnerable groups who depend on the census to subsist: indigenous, afros, and any ethnic minority that depends on the official quantification to exert collective rights. The co-production of categories, campaigns for self-recognition, spaces of conciliation, and logistical coordination to participate in the census is now an inferior priority. At the end of the day, why bother trying to legitimize an imperceptible census? Under the new logic, the solution to the dispute is simple: erase the conflict.

Only then we can understand why some population censuses introduce technological and operative changes that otherwise make no sense. In the Ecuadorian case, for example, the SO decided to include the unique identification number document (cédula de identidad) as a mandatory question to fill out the census. In theoretical terms, the introduction of the cedula is part of strategy to digitize the census. The ‘innovation’ was taken to such an extreme that, when it was the case of public servants, the SO decided is a good idea to send official letters threatening with sanctions if you did not answer all the questions. For some analysts, it is just a mere ambition to deliver to the state more information to control the population. For others, it was an innovation with the intention of producing a seductive dataset for commercial ends in a country controlled by a banker (the current president).

As was expected, this decision provoked legal, political, and communicational complaints from ethnic, political, and civic activists against the use of a unique identifier (cédula de identidad). Judicial actions have been filed, including the rejection of the role of the World Bank in a rare and obscure process of funding the census. The people co-producing the census now seem secondary: for the bureaucracy in charge, the census is an objective to obtain political approval inside and outside the country; for traditionally excluded social groups, the census is a local struggle to avoid exclusion, invisibilities, and abuse.

The balance in this dynamic is tentatively composed of five characteristics: (1) we now have a census worried about efficiency and efficacy, (2) it is driven by technocratic forces which tend to disregard or misrecognize their social and political role, (3) local bureaucracies are affected by dynamics interested in technological transnational trends, (4) actors are obsessed to produce data for markets and not necessarily for development strategies and (5) censuses are consciously or unconsciously promoting the movement of national planning from peripheral centers to metropolises. Technology is embedded within these forces; isolating them as mere functional devices is dangerously naïve.

It is fair to propose a specific way out to improve this meager scenario. Countries in the Global South should not rush to run censuses quickly after a traumatic process such as the pandemic. They can use the delay provoked by the pandemic to redesign and execute their cartographic update, re-legitimize their methodology, and avoid external pressures to borrow and adopt technologies not necessary useful in their institutional contexts. The challenge is to strengthen the SOs with talented people with stable and decent jobs so that they can appreciate the need to design operations that do good for the country and not necessarily for professional interests. Development and technical cooperation agencies should not be demonized either. They have made a positive and stable contribution; however, if there is something they need, it is to be more effective in building lasting local census capacities, not just every ten years or when an extreme emergency emerges.



References

Porter, Theodore M. 2011. The Rise of Statistical Thinking: 1820 – 1900. Nachdr. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press.

Savoie, Donald J. 2006. “What Is Wrong with the New Public Management.” Comparative Public Administration: The Essential Readings 593.

Spencer, Bruce D., Julian May, Steven Kenyon, and Zachary Seeskin. 2017. “Cost-Benefit Analysis for a Quinquennial Census: The 2016 Population Census of South Africa.” Journal of Official Statistics 33(1):249–74. doi: 10.1515/jos-2017-0013.

Villacis, Byron, Alena Thiel, Daniel Capistrano, and Christyne Carvalho da Silva. 2022. “Statistical Innovation in the Global South: Mechanisms of Translation in Censuses of Brazil, Ecuador, Ghana and Sierra Leone.” Comparative Sociology 21(4):419–46. doi: 10.1163/15691330-bja10060.

El Censo de Población 2022 de Argentina

Por Nicolás Sacco, Penn State

En este post voy a realizar una lectura del recorrido del proyecto Censo 2020 de Argentina, haciendo hincapié en la última propuesta publicada en agosto 2021, en línea de continuidad con otros escritos de este blog sobre el tema.

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La innovación tecnológica y los censos de población

Byron Villacís

El fortalecimiento de la estadística pública significa el fortalecimiento del Estado. En el núcleo de la estadística pública se encuentra el censo de población, regularmente ejecutado cada 10 años y que, en ciertos casos, absorbe y promueve cambios tecnológicos de la época. ¿De qué depende que un censo de población aplique innovaciones tecnológicas que convierten al censo en un proceso eficiente? ¿Qué relaciones tienen estas innovaciones con el andamiaje de innovación en un país? ¿Quién y cómo se promueve la adopción de tecnologías en un censo? ¿Qué faculta a que estas adopciones tecnológicas se conviertan en fuerzas institucionalizantes del Estado? En este post relaciono la capacidad estadística de los países de la región con sus ecosistemas de innovación, lo cual permite esquematizar estrategias de adopción de tecnologías de acuerdo a estructuras regionales relativas. La intención es promover elementos de debate sobre la adopción de tecnologías en los censos y sus dinámicas de los procesos dentro de ecosistemas público-privados.

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Censos en la era del envejecimiento

B. Piedad Urdinola


América Latina entra en la recta final de la transición demográfica y se prepara así para la nueva era del envejecimiento. Tenemos ya tres países completamente envejecidos en la región: Cuba, Chile y Uruguay. Los más poblados están ya entrando en la fase de bajas tasas de mortalidad y fecundidad, que alcanza a los niveles de reemplazo en la mayor parte de la región y los últimos tres países que recién comienzan la fase avanzada de la transición demográfica son Bolivia, Haití y Guyana. De hecho, las tasas totales de fecundidad ya están por debajo de 3 hijos por mujer en prácticamente todos los países de la región, como lo muestran los datos del Population Reference Bureau – PRB en la Figura 1.

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Projections vs Censuses: a brief note on their political impact.

Byron Villacís

Contemporary public administrations seem to surrender to the need to digitize as much as possible1. Nowadays, it appears to be a desirable transformation: less paper, more automation, increased efficiency, and less time spent on paperwork that governments sometimes overwhelm us with. However, this tendency also has unintended consequences with political, economic, and social effects. We need to stop and evaluate all the costs and benefits of digitization and bureaucratic automation. In this post, I briefly exemplify the differences that can appear if we minimize the importance of a logistical operation such as the population census and we fall in the overconfidence of trusting population projections.

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Do we need a census in the middle of a pandemic?

Gabriel Borges, OLAC

Censuses have been delayed, interrupted or cancelled in many countries due to the COVID-19 pandemic. Only a few countries conducted them in 2020. The censuses in the United States and in Mexico had already started when those countries were hit by the pandemic, and they made what seemed to be the most sensible decision: continue the census, with a few last-minute adjustments, mainly to protect the health and safety of the National Statistical Offices staff and the public.

Impact on field-based enumeration – Censuses scheduled in year 2020
Source: United Nations Statistical Division (UNSD)

Countries that were planning to conduct their censuses in late 2020 had to cancel or postpone them. Brazil and Ecuador, for instance, postponed their censuses and are now faced with adversities to take them in 2021, both because of the out of control situation of the pandemic, and the difficulties to get the census budged.

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La pandemia y los censos de cuatro sistemas estadísticos

Byron Villacís

La pandemia dejó un escenario de incertidumbre para los sistemas estadísticos latinoamericanos; las suertes y destinos se configuran distintas, sus debilitamientos o fortalecimientos han dependido –predeciblemente– de contextos y fuerzas locales. El problema de este escenario es que el arribo de la pandemia no tomó a los sistemas estadísticos en un momento cualquiera, lo hizo justo en el más delicado: en plena ronda censal, cuando los institutos estaban ejecutando o planificando sus censos poblacionales versión 2020. Es por esta razón que, enfatizar en la necesidad de analizar países por separado, se vuelve urgente y necesario. Cito en este corto post una breve interpretación de la situación de cuatro sistemas estadísticos en relación a su censo de población con suertes distintas para resaltar –como argumento central– la exigencia de particularizar análisis antes de entender la realidad latinoamericana como un conjunto promediable y superficialmente comparable.

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Libro «Censo 2021: experiencias en América del Sur»

por OLAC

El OLAC participó la semana pasada del lanzamiento del libro «Censo 2021: experiencias en América del Sur». El texto recoge la experiencia de las conferencias impartidas realizadas en el marco de la campaña ‘Todos pela Censo 2020’, llevada a cabo en Rio de Janeiro durante el año 2019, donde especialistas debatieron acerca de los procesos censales en distintos países de América Latina.

Esta iniciativa surgió de la articulación de empleados del IBGE en respuesta a la drástica reducción del presupuesto del Censo 2020 y el recorte de temas investigados, por parte del Ministerio de Economía de Bolsonaro. El evento fue también parte del ‘Manifiesto Contra el Apagón Estadístico’, que contó con la intervención y apoyo de destacadas figuras de la cultura y la política brasilera.

En los las redes sociales y sitios web de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, se puede seguir la campaña que lleva a cabo el Sindicato de Trabajadores del IBGE (Assibge) – Núcleo Sindical de Av. Chile. El libro también fue presentado en la última reunión de la Asociación Latinoamericana de Población y está disponible para su descarga gratuita en este link.

Los efectos de la pandemia en el censo de población ecuatoriano

Por Byron Villacís 1

La pandemia del COVID-19 causó daños incuestionables en la producción de estadística pública a nivel internacional. En el caso ecuatoriano, la pandemia recrudeció el desmejoramiento que venía padeciendo2, afectando además, a la operación estadística más delicada de todas: el censo de población. En este post argumento que la ejecución del censo de población en Ecuador –de acuerdo al planteamiento vigente– tendrá severos problemas de calidad y cobertura debido a estos impactos. El más importante es el desfase que existirá entre el preconteo poblacional ejecutado en la etapa denominada “precenso” y el desplazamiento y mortalidad de subpoblaciones en plena ejecución de esta etapa.


En términos muy breves –y pensando en una audiencia no especializada– en la actualización cartográfica se reconstruyen los mapas que registran las viviendas en todo el Ecuador3. Usualmente este proceso es complementado con insumos de información geográfica referenciada; sin embargo, en esencia, al censo lo que le sirve son las viviendas actualizadas en un mapa (por esta y por otras razones el censo se denomina censo de población y de vivienda)4. Estos mapas serán posteriormente utilizados para “empadronar” en el día del censo. Adicionalmente, y esto es muy importante entender, los mapas de la actualización cartográfica son parte de los insumos para el diseño del marco muestral de las encuestas a hogares para los próximos 10 años. Es decir, un desfase o sesgo en esta etapa afecta toda una década de producción estadística, no solo censal sino de cada encuesta, pública y privada, que usa como referencia el marco muestral del INEC. Uno de los detalles relevantes de este proceso es que al actualizar la cartografía se realiza un conteo de población, por eso el nombre de “pre-censo”: porque al momento de recorrer el país y actualizar los mapas, al fin y al cabo, se esta ejecutando un censo, pero de una forma más lenta y con otros resguardos metodológicos.

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