por B. Piedad Urdinola
La reciente conmoción en los países latinoamericanos, reflejada en las sesiones de protestas civiles desde finales de 2019 y que continúa en 2020, está asociada al descontento de la franja de clase media que demanda más y mejores servicios públicos de calidad, sobre todo en las áreas de salud, transporte público (infraestructura), educación y pensiones. Muchos se sorprenden, pues el discurso desde mediados del siglo pasado fue la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza que, en América Latina, ha sido relativamente exitosa dentro de las economías emergentes. Sin embargo, estos logros, medidos por el indicador que prefiera el lector, no son suficientes para economías en vía de desarrollo que quieren dejar de serlo y de allí el inconformismo generalizado. En gran parte por la percepción, no errada, de vastas brechas de inequidad en la región.
La inequidad en América Latina es alta y persistente. Un indicador universal y ampliamente utilizado es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad entre los ingresos en una sociedad. Según este indicador, Latinoamérica es el campeón mundial de la inequidad en las últimas tres décadas y a pesar de la reducción del índice desde 1990, en casi todos los países de la región. Pero el coeficiente de Gini, similar a lo que sucede con otras varias medidas de pobreza e inequidad, es deficiente; pues tradicionalmente sólo mide la diferencia a partir de los ingresos, cuando la pobreza es una medida mucho más compleja. De hecho, los economistas llevan debatiendo más de un siglo cómo medirla, sin llegar todavía a un consenso universal. Lo que sí está claro es que debe incluir otras medidas que van más allá del ingreso, como acumulación del capital físico, p.ej. activos, y capital humano, como salud y educación, y la relación ingresos-gastos, entre otros.
Por ello surge la idea de tener índices de calidad de vida o indicadores multidimensionales de pobreza. Colombia fue uno de los países pioneros en la región en gestar este tipo de mediciones, incluyendo un conjunto de preguntas en el Censo Nacional de Población y Vivienda-1993 (CNPV-1993) y produciendo en ese entonces, el Índice de Calidad de Vida (ICV) e institucionalizando la Encuesta de Calidad de Vida para el país, que se aplica a hogares rurales y urbanos. En casi tres décadas, como es de esperarse, la literatura al respecto ha avanzado lo suficiente para contar hoy día con diferentes metodologías que permiten la medición multidimensional de la pobreza y a partir de ella otras medidas de inequidad, que incluye variables que van desde la tenencia de la tierra en zonas rurales, pasando por asistencia escolar de menores, analfabetismo, tenencia de activos, acceso a servicios de salud o tecnologías recientes, en las diferentes medidas que existen en el mundo y que varía a través de los países, dependiendo de las necesidades y recursos disponibles para implementar esta herramienta.
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