¿Cómo asegurar en el Salvador un censo para todos, con innovación ciudadana y con calidad?

Por Javier Carranza Tresoldi, GeoCensos

La decisión de realizar el censo de población y vivienda para El Salvador aun no se ha formalizado por parte de la actual administración, aunque se perfila como un secreto a voces. Si bien no se cuenta con una fecha oficial ni metodología definida para el inminente operativo, amplios sectores del país reclaman su pronta realización, recordando que el último se realizó hace 12 años[1]. Aunque sólo se cuenta con algunas señales difusas, desde el gobierno tampoco se niega la realización de este importante proyecto nacional.

Como sea, la pregunta relevante ya no consiste en saber si se hace el operativo censal o no, sino más bien en cómo, con qué herramientas y con qué costos se hará. Si bien aún no se ha presentado a consideración de la Asamblea de la República el proyecto definitivo para la aprobación correspondiente de los fondos, su discusión se espera para los próximos meses. Este necesario debate no solo debería considerar el cuándo o cuántos apoyos se solicitarán, sino también el cómo, el con quién y con qué estándares de calidad final se construirá el próximo censo. Algunas de las preguntas aún sin respuestas claras son: ¿qué organismos oficiales se involucrarán en el censo y con qué roles? ¿se convocará a servidores públicos y sociedad civil a colaborar? ¿Cómo y con cuáles alcances? ¿Cómo se utilizarán las TICs en el levantamiento? ¿Habrá posibilidad de responder en línea la boleta censal? Una vez obtenidos los datos censales, ¿serán estos compartidos (abiertos) con todos? ¿Se harán interoperables los resultados con otras bases de datos y registros, produciendo mapas y visualizaciones de datos para mayor impacto? ¿Cómo se medirá la efectividad del esfuerzo censal? ¿Emergerá del operativo la DIGESTYC con una mayor autonomía para publicar los datos?

Dada la carencia de comunicaciones oficiales completas que informen sobre los planes en marcha, quizás debido a los tiempos de planeamiento, sólo podemos especular analizando documentaciones relacionadas, la cobertura de los medios y la memoria.

Respecto del censo en particular, el plan Cuscatlán propuesto por el gobierno en las elecciones pasadas prevé una batería de subcomponentes para apoyar a sus equipos técnicos. Se incluye entre ellos la consolidación de un sistema de monitoreo nacional – lo que asume la disponibilidad de estadísticas actualizadas –  aunque no se hacen referencias expresas a un censo. El plan plantea la instrumentación del sistema “Búho”, que combinaría grandes datos con localización para focalizar problemas, aunque no se ofrecen mayores detalles ni menciones al censo. Además, el plan menciona la necesidad de alcanzar un gobierno de datos abiertos y una interoperabilidad que “integre las comunicaciones entre entidades de gobierno y empresa privada, (…) enfocado en la entrega eficiente de servicios al ciudadano“.

Por otro lado, y a juzgar por la revisión de coberturas del tema por medios periodísticos, en el futuro censo se depositan numerosas expectativas, reclamos, promesas y presiones por parte de distintos actores del ecosistema estadístico; desde aquellos con una influencia en el escenario internacional hasta el ciudadano de a pie. Por ejemplo, la directora del Banco Mundial en Centroamérica, Yaye Seynabou Sakho ha manifestado que “La región centroamericana tiene un problema con la calidad de los datos (…) esto es aún más grave en el caso de los afrodescendientes”. Por su lado, el representante del Fondo de la Población de Naciones Unidas en el país ha alertado que incluso si el censo se hiciera en los tiempos previstos Nayib Bukele podría obtener los datos hasta en el último año de su gestión. Mientras tanto, el diputado Rodrigo Ávila del partido ARENA ha reconocido que el censo es una deuda pendiente. La academia, por su parte, reclama  también calidad para el censo venidero. Académicos de la Universidad Francisco Gavidia consideran que los mecanismos que usan las autoridades para medir problemas de educación y salud son poco objetivos y confiables.

Finalmente, la pesada herencia que ha dejado el resultado agridulce del operativo censal de 2007 registra varias materias pendientes que, de ser superadas, podrían redimir el liderazgo y fortalecer la autonomía de la DIGESTYC, el que incluso renacería como un nueva institución. El desafío demanda una transparencia que explique detalladamente la arquitectura institucional del censo y las atribuciones de los organismos coordinadores, la disponibilidad generosa de una cartografía digital de todo el territorio nacional y el aseguramiento de la calidad de los datos. Metodológicamente se requiere además la formulación de supuestos realistas acerca del decrecimiento (o eventualmente, el renovado crecimiento) de la población salvadoreña generada por inmigrantes pero también por retornados, sin olvidar el abordamiento solvente del complejo reto que significa la cobertura censal de territorios y comunidades en control de maras y otros grupos, por mencionar algunos pasivos del pasado.

El actual gobierno – de apasionada vocación por las tecnologías de información, la innovación y la eficiencia en los servicios públicos – tiene la palabra. Sin embargo, sería muy valioso que el gobierno también diera la palabra, comunicara activamente sus planes e incluyera a todas las partes formalizando un diálogo preparatorio integral con los interesados; considerando a legisladores, cooperantes, sector privado, academia y sociedad civil para poder mapear entre todos juntos un El Salvador mejor.

[1] Según indica la Ley Orgánica del Servicio Estadístico, el Censo de Población y Vivienda se debe hacer cada 10 años. https://elmundo.sv/digestyc-realizaria-censo-de-poblacion-en-junio-de-2018/

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