Censos en tiempos de pandemia

Por Byron Villacís

La llegada del COVID-19 amerita reacciones urgentes y coordinadas de los sistemas de salud pública locales y globales. Es una pandemia con alta capacidad de contagio y altos niveles de fatalidad en adultos mayores, entre otras cosas. Pone a prueba la capacidad que tienen nuestras sociedades de reaccionar, coordinar y enfrentar riesgos globales con fuerzas principalmente locales. Desafortunadamente, este advenimiento coincide con operativos esenciales para la construcción de sistemas de organización social, como son los censos de población y vivienda. En este texto, reflexiono sobre elementos de esta superposición, sobre todo, en el contexto de nuestra región latinoamericana.

En primer lugar sopesan las circunstancias políticas y económicas en las que se entrelazan la pandemia COVID-19 y la ronda censal 2020. Latinoamérica enfrenta el retorno de una tendencia conservadora que presenta como programa bandera la conocida fórmula de la austeridad, la reducción de la capacidad del Estado y la implícita delegación de estrategias de planificación a organismos multilaterales. Esta visión debilita los sistemas de salud pública, pone a prueba los sistemas pensionales y las capacidades estatales en general. Así mismo, no es sorpresa que los operativos censales sufran reducciones presupuestarias, tentativas de intervención o que sus capacidades administrativas sean mermadas por el ataque a los sistemas públicos. La segunda circunstancia regional es un contexto macroeconómico y geopolítico negativo. Los precios de los commodities cayeron categóricamente, las monedas regionales y los mercados financieros locales están debilitados y se han desmantelado sistemas de integración regional, como por ejemplo la UNASUR. Es decir, en general, la región recibe al COVID-19 y a la ronda censal en condiciones vulnerables reduciendo su capacidad de reacción.

A esto hay que agregar una condición regional estructural: la desigualdad en Latinoamérica marca condiciones de entrada que excluyen a gran parte de nuestra población al acceso a sistemas de salud y de educación. Independientemente de la forma en la que se quisiera atacar este problema, se requieren sistemas estadísticos eficaces. Si los censos de población en este contexto fallan, tendremos menos herramientas clave para poder enfrentar, no solo ésta pandemia, sino las consecuencias en las poblaciones ya excluidas por defecto. Es decir, tanto coyuntural como estructuralmente, la región recibe la coincidencia de la pandemia con la ronda de los censos en condiciones de vulnerabilidad y desventaja severas.

La pandemia y las metodologías censales

Como sabemos, los censos se pueden realizar –al menos– de dos formas: de hecho y de derecho. Usualmente los censos de hecho implican la paralización del país por un solo día y la movilización de grandes cantidades de empadronadores, supervisores y cuerpos de seguridad. En este censo se obtienen los datos de las personas presentes en la vivienda en el momento del censo, sea que viven habitualmente ahí o no. Esta metodología es altamente vulnerable por lo menos por dos motivos. Primero, si algo sale mal el día del censo, no hay capacidad logística de reaccionar y enmendar los errores que pueden y suelen suceder. Detener a un país por completo implica una gran campaña de comunicación que debería generar compromiso cívico de colaboración, implica el apoyo de fuerzas de orden, implica el apoyo financiero del Estado e implica sistemas de coordinación tecnológica que no pueden fallar en el día cero. Segundo, estos operativos son planificados con mucha anticipación pero concentrando la mayoría de la tensión en el día del censo. Es decir, hay todo un procedimiento previo de planificación que debe realizarse de forma ordenada, transparente, sistemática y enfocada en el día del censo. Me refiero a las actualizaciones cartográficas, a las campañas de difusión, a la preparación de material logístico y –sobre todo– a los procesos de capacitación de los equipos a cargo del censo. En otras palabras, esta versión del censo es muy vulnerable puesto que el esquema de planificación, a pesar de tener tareas que le anteceden de forma esquemática, está concentrado en una fecha, por lo que un desfase en cualquier etapa previa compromete significativamente al censo.

En la segunda gran derivación metodológica, los censos de derecho, los operativos tradicionalmente se realizan en períodos más largos. En este caso se obtienen los datos de las personas que residen habitualmente en el hogar, aunque no estén presentes el momento del empadronamiento. Su despliegue logístico esta más diversificado y por ende es menos riesgoso: si algo relativamente controlable sale mal existe la posibilidad de que se reajusten programas de acuerdo a modificaciones inevitables. Ahora bien, a pesar de demandar menor cantidad de empadronadores, éstos deben ser más especializados y mejor capacitados, lo que implica una inversión económica mayor y un cuerpo profesional la mayoría de los casos contratado o compensado económicamente. Adicionalmente, los países no transitan fácilmente de una metodología a otra por falta de decisión, experiencia y presupuesto.

Argumento que la segunda alternativa metodológica presenta ventajas frente a fenómenos como una pandemia: emergencias nacionales provocan aplazamiento de operativos, lo cual es más fácil de administrar en el caso de un censo de derecho. Es por ello que, como se ha recomendado en otros espacios, los países deben migrar a esta metodología, sopesando las desventajas y aprovechando el hecho de que un censo de población se realiza cada 10 años, lo que faculta a que estas decisiones se tomen con tiempo y los cambios se los haga de forma ordenada, transparente y participativa.

De todas formas, esto no quita que ambos operativos tengan riesgos concretos que enfrentar al pensar en el COVID-19, por lo que intento sistematizar estos impactos en torno a las etapas de planificación, relevamiento y un enfoque analítico posterior en términos de cobertura. Los he esquematizado en formato donde además cualifico los impactos de acuerdo a cada metodología y concentrándome en la tipología de censo que requiere visitas puerta a puerta; es decir, no considera operativos apoyados principalmente en relevamientos vía telefónica o internet.

Riesgos operativos en época de COVID-19 en la etapa de preparación

Riesgos operativos en época de COVID-19 en la etapa de relevamiento

Riesgos operativos en época de COVID-19 respecto a cobertura

Ahora bien, estos riesgos suponen la superposición mayor o menor entre el operativo censal y el desarrollo de las distintas fases de la pandemia; sin embargo, inclusive superados estos desafíos resta por identificar los riesgos (y muy limitadas oportunidades) fruto del resultado de ejecutar los censos en esta época. Por ello, la siguiente matriz identifica los riesgos de salida y las pocas oportunidades que puede presentar una coyuntura como la actual.

Conclusiones preliminares e Implicaciones

Es comprensible que las oficinas de estadística no hayan incluido una contingencia de este nivel, pero hoy es exigible que tomen las precauciones técnicas y humanitarias, como ya lo evidencia EEUU y Brasil (inclusive aplazando el operativo para el 2021. Si el censo sufre el contagio de operarios que tienen contacto con grupos de trabajo es aconsejable suspender las tareas de ese equipo. Si el censo sufre un retraso por efectos de la evolución de la pandemia lo aconsejable es replantear las fechas de relevamiento. Evidentemente esto depende de los calendarios y la estructura logística de cada país; sin embargo, los riesgos pueden parametrizarse en función de precautelar la salud de los operarios de las ONEs y sobre todo de la población en general. En el caso de los países que utilizan censos de derecho tendrán mayor margen de maniobra y podrán calibrar los operativos de acuerdo a sus capacidades técnicas y al nivel de superposición geográfica y temporal entre la evolución de la pandemia y el operativo censal. Los países de la región podrían observar la reacción del INEGI y el IBGE para evaluar sus propias decisiones. En el caso de los países utilizando censo de hecho la situación es más delicada. No tienen mucho margen de maniobra ni para reajustar calendarios ni para planificar evolución de pandemia. A esto hay que sumarle que regularmente son países con ONEs más pequeñas y con necesidades de financiamiento más extremas. Lo más aconsejable en estos momentos es que construyan matrices de decisión y evalúen la evolución de los retrasos en las tareas de planificación, para estar listos para tomar la decisión de aplazar la fecha de relevamiento. Cualquier otra opción sería jugar al azar y esperar que no haya contagios ni impactos ante un fenómeno ante el cual no tenemos control. Las decisiones –en todos los casos– deben priorizar la protección de la funcionarios, colaboradores y población. Hacerlo de otra manera es una irresponsabilidad.

 

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