por B. Piedad Urdinola

La reciente conmoción en los países latinoamericanos, reflejada en las sesiones de protestas civiles desde finales de 2019 y que continúa en 2020, está asociada al descontento de la franja de clase media que demanda más y mejores servicios públicos de calidad, sobre todo en las áreas de salud, transporte público (infraestructura), educación y pensiones. Muchos se sorprenden, pues el discurso desde mediados del siglo pasado fue la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza que, en América Latina, ha sido relativamente exitosa dentro de las economías emergentes. Sin embargo, estos logros, medidos por el indicador que prefiera el lector, no son suficientes para economías en vía de desarrollo que quieren dejar de serlo y de allí el inconformismo generalizado. En gran parte por la percepción, no errada, de vastas brechas de inequidad en la región.

La inequidad en América Latina es alta y persistente. Un indicador universal y ampliamente utilizado es el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad entre los ingresos en una sociedad. Según este indicador, Latinoamérica es el campeón mundial de la inequidad en las últimas tres décadas y a pesar de la reducción del índice desde 1990, en casi todos los países de la región. Pero el coeficiente de Gini, similar a lo que sucede con otras varias medidas de pobreza e inequidad, es deficiente; pues tradicionalmente sólo mide la diferencia a partir de los ingresos, cuando la pobreza es una medida mucho más compleja. De hecho, los economistas llevan debatiendo más de un siglo cómo medirla, sin llegar todavía a un consenso universal. Lo que sí está claro es que debe incluir otras medidas que van más allá del ingreso, como acumulación del capital físico, p.ej. activos, y capital humano, como salud y educación, y la relación ingresos-gastos, entre otros.

Por ello surge la idea de tener índices de calidad de vida o indicadores multidimensionales de pobreza. Colombia fue uno de los países pioneros en la región en gestar este tipo de mediciones, incluyendo un conjunto de preguntas en el Censo Nacional de Población y Vivienda-1993 (CNPV-1993) y produciendo en ese entonces, el Índice de Calidad de Vida (ICV) e institucionalizando la Encuesta de Calidad de Vida para el país, que se aplica a hogares rurales y urbanos. En casi tres décadas, como es de esperarse, la literatura al respecto ha avanzado lo suficiente para contar hoy día con diferentes metodologías que permiten la medición multidimensional de la pobreza y a partir de ella otras  medidas de inequidad, que incluye variables que van desde la tenencia de la tierra en zonas rurales, pasando por asistencia escolar de menores, analfabetismo, tenencia de activos, acceso a servicios de salud o tecnologías recientes, en las diferentes medidas que existen en el mundo y que varía a través de  los  países, dependiendo de  las necesidades y recursos disponibles para implementar esta herramienta.

Para el caso colombiano, este índice se construye en 2018 con variables relacionadas a educación, analfabetismo, trabajo infantil, desempleo, acceso a servicios de salud, acceso a agua potable y manejo de excretas, calidad de los pisos y paredes de la vivienda y hacinamiento, sin distingo entre la captura de la información entre zonas rurales y urbanas, a  través  de una encuesta de hogares. Si bien esta muestra es representativa a nivel rural y urbano y por grandes regiones separando Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca; la encuesta, por definición, es una muestra que no permite hacer las estimaciones para todos los departamentos y mucho menos a niveles geográficos más pequeños. De allí que sea una lástima que el país haya perdido la oportunidad de construir un indicador más complejo para áreas pequeñas a partir del CNPV-2018.

Como bien mencioné en una publicación pasada de OLAC, los censos de población y vivienda son las únicas fuentes que capturan información para todas las áreas pequeñas de un país y, desafortunadamente, en el pasado CNPV-2018 no se incluyeron varias  preguntas para la medición de la pobreza y que guiaría la toma de decisiones  de política  pública a  nivel subnacional, tanto para los departamentos, como para los municipios del país. En particular se puede hacer el cálculo de un índice multidimensional básico ya que se incluyen solamente material de pisos y paredes de las viviendas y acceso a servicios públicos básicos domiciliarios, total de cuartos y número de habitantes de la vivienda, fuente de obtención de agua, asistencia escolar y último nivel educativo alcanzado, para los mayores de cinco años. Colombia ocupa el deshonroso puesto 16  como el país  de  mayor inequidad en  el mundo según la base del Banco Mundial, medido por el coeficiente de Gini y las disparidades al interior del país son abismales. No sólo la brecha rural-urbana es persistentemente amplia en los índices de  pobreza  generados por las Encuestas de Calidad de Vida, sino que también la misión rural que concluyó hace un lustro revela grandes deudas en la superación de la pobreza para minorías étnicas en el país.

Las técnicas estadísticas modernas permiten hacer mediciones de la pobreza multidimensional para áreas pequeñas, geográficas o de poblaciones particulares como las minorías. De allí, la importancia de tener conteos con niveles de cobertura aceptables y además con buena calidad en las preguntas socioeconómicas de los censos. Es decir, que estas preguntas además de incluirse en los formularios básicos del censo, no en las muestras que corresponden al censo ampliado, las tasas de no respuesta sean bajas y la calidad de las respuestas sea buena. Todo esto comienza por una planeación de los censos que incluya estas preguntas, que alguna vez hicieron del censo colombiano algo pionero y que hoy en día hemos perdido, para luego poder entrenar correctamente a los censistas y obtener la calidad necesaria en este tipo de preguntas. Finalmente, contar con un grupo de demógrafos y estadísticos entrenados en las áreas más recientes de modelamiento para estimaciones de área pequeña para la medición y análisis de estas cifras.

Fallar en la inclusión de estas preguntas en el CNPV-2018 dice mucho de los intereses del gobierno de turno que no aprobó el presupuesto para la incorporación de dichas preguntas y que deja con una medición muy básica de pobreza e inequidad a todos los municipios o áreas subnacionales y asimismo los planes para combatirla. Tendremos, entonces, los técnicos que encontrar otras metodologías indirectas para hacer las estimaciones a partir del censo lo que encarece el proceso de producción y por ello puedo afirmar una vez más que estas fallas de planeación en operativos censales y la falta de voluntad política terminan siendo más costosas para sus habitantes que la lucha contra la pobreza y la inequidad misma.