Frente a la expansión de la pandemia del coronavirus en nuestra región, y las medidas de confinamiento social implementadas por algunos gobiernos para intentar reducir la velocidad del contagio, la actividad de las instituciones públicas, empresas y otras organizaciones se ha visto sensiblemente mermada. La población, por otra parte, comienza gradualmente a sentir las dramáticas consecuencias de estas medidas en su economía doméstica, la producción no remunerada y del cuidado, su bienestar físico, salud mental y familiar.  

En este contexto de alta incertidumbre y uso intensivo de los recursos públicos para paliar el embate del coronavirus, nos preguntamos qué sucederá con la ronda de censos de la región. Esta pregunta surge naturalmente entre los integrantes del OLAC, dada nuestra inclinación e interés por el desarrollo de las operaciones estadísticas, en general, y de los censos de población y vivienda, en particular. Al plantearnos esta preocupación, somos conscientes de que hay otros frentes mucho más acuciantes que atender en este momento. Ello no invalida, no obstante, la posibilidad de examinar, repensar y discutir cuál será la suerte de los censos de la región en el corto y mediano plazo. Su rol central dentro del sistema estadístico nacional y el monto de recursos implicados para su implementación, son una justificación suficiente.

Es altamente probable que los censos de población y vivienda previstos para realizarse en 2020 se pospongan para el año 2021 -como ya tomó estado público en Brasil∗- o incluso para más adelante. Sin embargo, no todos los países han tenido suficiente margen de tiempo para pausar la maquinaria censal. México, por ejemplo, se encontraba en pleno operativo de campo cuando surgió el brote de coronavirus en el país, previsto para todo el mes de marzo. Saliendo de América Latina, sin ir muy lejos, Estados Unidos, que también está en pleno campo, decidió estirar las fechas del operativo.

* [Es llamativo que en el caso de Brasil se haya tomado la decisión de postergar el censo bajo un contexto de medidas poco restrictivas (a nivel total país) para combatir la pandemia (si bien han sido muy fuertes en Rio y Sao Paulo, donde la epidemia está concentrada). La coyuntura actual de expansión del virus, puede ser tomada como argumento para cerrar decisiones tomadas previamente, que poco tienen que ver con el COV-19].

Retrasar los censos un año o dos no parece ser, a primera vista, un problema mayor. Para algunas oficinas nacionales de estadística, incluso, puede representar cierto alivio porque les permite ampliar el tiempo de preparación. El problema central es el nivel de incertidumbre que se abre a partir de esta decisión.

En primer lugar, definir una nueva fecha para el censo es algo casi imposible de realizar ante las dudas sobre la evolución de la pandemia en el corto plazo y sus impactos en el mediano y largo plazo. Además, ¿cómo asegurar que la partida presupuestal destinada a la realización del censo no se vea comprometida? Una vez que se supere la epidemia, las economías de la región probablemente estarán golpeadas y los gobiernos deberán responder a numerosas demandas contando con pocos recursos disponibles, ya distribuidos de forma muy desigual en la región.

En segundo lugar, si la voluntad por realizar un censo se mantiene firme, es probable que se busquen alternativas para abaratar sus costos, incluyendo cambios en la metodología censal, lo que puede afectar sensiblemente la calidad de los operativos y la disponibilidad de información demográfica, económica y social en países con sistemas estadísticos débiles. Los censos son, por su dimensión y alcance, operativos en los que las innovaciones requieren de mucha planificación, varias pruebas e innumerables ajustes. Las soluciones revolucionarias, o las que se promueven como más baratas y eficientes, pueden terminar siendo altamente costosas en términos de resultados.

En tercer lugar, si algo ha dejado claro esta pandemia es la necesidad imperante de información estadística para la toma de decisiones complejas, como ésta que atravesamos. Desconocer algo tan sencillo como la distribución de la población por edad y sexo puede llevar a errores en las estimaciones de las tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad; peor aún si queremos seguir modelos de contagio espacial que requieren de esa misma pirámide poblacional para diferentes áreas menores dentro del territorio nacional. Así como de la distribución de los recursos hospitalarios y médicos que permitan prepararse para condiciones similares. 

Las oficinas de estadística deben evaluar sistemática y urgentemente el destino de sus operaciones censales de la ronda 2020. Una tarea compleja que implica además entender su rol como entes productores de estadística pública en medio de una pandemia. Sin pasar por alto la imperiosa necesidad de contar con la producción censal de calidad, la alternativa es construir escenarios que permitan simplificar, en lo posible, las decisiones de acuerdo a la evolución del fenómeno, la reacción de sus respectivos sistemas políticos, económicos y –sobre todo– las condiciones sociales de la población.